Acá entre nos

Alejandro Moguel

Migrantes avanzan y la Guardia Nacional solo los vigila

Signo de los tiempos modernos. Millones de personas migran de sus países de origen y se trasladan hacia otros sitios que les brindan esperanzas de un mayor bienestar social y económico. Están huyendo de sus malos gobernantes quienes no han sido capaces de crear oportunidades de empleo, han robado en forma escandalosa el dinero de su pueblo o se han convertido en tiranos que dirigen a sus naciones como si fueran sus ranchos y los ciudadanos sus peones, como si fueran vasallos de la lejana Edad Media.

Muchos millones de seres humanos han cruzado la frontera sur de México a lo largo del tiempo, se han internado en el país, han transitado a lo largo de su territorio, han llegado a la frontera norte y se han internado a Estados Unidos, pero lo han hecho de uno en uno o en grupos pequeños, casi imperceptibles para la sociedad mexicana y los medios de comunicación.

Sin embargo, desde el 2018 –hace tres años- diversos factores han motivado que miles de migrantes se organicen desde Centroamérica, Honduras, principalmente, y formen grandes caravanas para hacerse visibles y obligar a las autoridades mexicanas, so pretexto de sus derechos humanos, los dejen transitar dentro de su territorio y se vayan a intentar la aventura de ingresar, de manera ilegal o a través de permisos especiales, a territorio estadounidense.

Hoy Chiapas es noticia nacional e internacional. Alrededor de dos mil indocumentados salieron el sábado pasado de Tapachula, ciudad chiapaneca ubicada más al sur de México, y decidieron ir de manera lenta. Pernoctan en cada ciudad que se encuentran a su paso. En Huehuetán descansaron la segunda noche, Huixtla los acogió la tercera, Villa Comaltitlán y después en Acacoyagua. Su principal intención es llegar a la Ciudad de México para presionar a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) que regularicen su situación migratoria dentro de territorio mexicano y después seguir hacia la frontera norte para intentar hacer lo mismo con las instituciones estadounidenses.

Aunque es difícil medir con precisión la cantidad de migrantes que van en dicha caravana, activistas que los acompañan aseguran que a partir de Huixtla el número original se duplicó a unos cuatro mil peregrinos.

Después de algunos intentos por frenar, sin éxito, ese contingente, miembros de la Guardia Nacional (GN) y del INM no han hecho nada más. Simplemente se mantienen vigilantes de la caravana y así ha avanzado el grupo que se ha mantenido compacto.

Los agentes federales van en vehículos oficiales en vanguardia y retaguardia. Entre Tapachula y la Ciudad de México hay alrededor de mil 160 kilómetros de distancia. Segmentos tienen que detenerse un poco a veces, para esperar a mujeres y niños que a veces quedan rezagados. Temen que, al quedarse atrás, los agentes mexicanos los detengan y los deporten.

Este grupo decidió ponerse en marcha el domingo pasado, después de que, en los primeros días de septiembre pasado, autoridades mexicanas frustraron el avance de cuatro caravanas de migrantes que también habían salido de Tapachula. En esa ocasión, varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Organizaciones no Gubernamentales criticaron el uso de la fuerza en los operativos señalados para desintegrar a aquellos contingentes. Esa presión seguramente sirvió de termómetro para que en esta ocasión a los indocumentados se les permita transitar hacia el centro del país, pero bajo estricta vigilancia de las autoridades.

De acuerdo con cálculos oficiales, esa región mexicana vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos del presente año con un flujo histórico de 147 mil indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple del registrado en 2020.

LA PAZ EN ALTAMIRANO

Importaron un comino las elecciones constitucionales del seis de junio pasado en el municipio de Altamirano. En circunstancias como esas tiene uno que darle la razón a quienes no creen en la limpieza de los comicios, sobre todo en localidades o regiones donde han estado gobernando miembros de una sola familia, desde hace mucho tiempo.

Es el caso de esa localidad. El Partido Verde Ecologista de México registró a Gabriela Roque Tipacamú como su candidata a la presidencia municipal de ese lugar, ella hizo campaña de proselitismo y ganó la elección y se supone que logró eso con el voto mayoritario de los ciudadanos de esa demarcación. Pues resulta que no. No obtuvo el voto mayoritario porque varias semanas después un grupo de ejidatarios privó de la libertad a su esposo y ex presidente municipal del mismo partido Roberto Pinto Kanter, lo puso en cautiverio y advirtieron que no lo iban a liberar hasta que hubiese renunciado ella y todos los miembros de su cabildo. Ese era requisito fundamental, exigido por la Constitución local, para que el Congreso pudiese proceder a elegir a un concejo municipal. El problema será el siguiente: ese concejo debe estar integrado por representantes de todos los grupos dominantes en la localidad porque de lo contrario, a partir de ahora, habrá otros inconformes.

Los ejidatarios, opositores con la nueva autoridad municipal, argumentaron siempre que Gabriela Roque era una imposición familiar y que por eso no la quieren. Ellos afirman que lograron el consenso de 84 comunidades, de un total de 110 que forman el municipio completo para proponer a las nuevas autoridades.

Lo más reciente es que ayer jueves, el pleno de la Sexagésima Octava Legislatura aceptó las renuncias presentadas por los integrantes del Ayuntamiento de Altamirano y designó un Consejo Municipal integrado por: María García López como presidenta Concejal; Fernando Gabriel Montoya Oseguera, Concejal Síndico; Mayra Teresa Pérez López; Cristóbal Gómez Santis, y Oscar Gómez Velasco, como concejales regidores. Ese concejo entrará en vigor el día 28 de octubre y concluirá sus funciones el 30 de septiembre del 2024. Eso se hizo en busca de abonar a la gobernabilidad, seguridad y paz ciudadana. Ojalá así sea.

Email: alexmoguels@hotmail.com