Acá entre nos

Alejandro Moguel

Siete años después y nada sustancialmente nuevo

Reactivaron sus manifestaciones este martes en Chilpancingo, la ciudad capital de Guerrero. Y van a seguir protestando hasta el 26 del presente mes de septiembre, fecha en que se estarán cumpliendo siete años de desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa. En tanto, el gobierno federal no ha aportado nada esencialmente nuevo a las investigaciones del pasado.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas están en un terrible dilema: los padres de los jóvenes desaparecidos van a exigir una respuesta contundente a sus promesas de campaña del 2018. El entonces candidato a la presidencia les hizo creer que el anterior gobierno les mentía y prometió ayudar a buscarlos y encontrarlos. Eso, generó muchas esperanzas entre los progenitores de los desaparecidos.

El problema mayor es que los dolientes ya se dieron cuenta que fueron engañados. Que les dijeron asquerosas mentiras. El tabasqueño y sus demás correligionarios, que en forma absurda e irracional repetían sus dichos, sabían perfectamente que era imposible encontrarlos con vida. Cuando andaban en campaña ya habían transcurrido cuatro años, tiempo suficiente para poder comprender que era imposible que estuviesen vivos en alguna parte del mundo.

Todo apuntaba a la macabra “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a cuyo frente estaba el priista, Jesús Murillo Karam según la cual, policías municipales de Iguala habían detenido a los muchachos, los habían entregado a un grupo de criminales y estos, a su vez, los habría matado e incinerado completamente en un basurero de Cocula. Sus cenizas habrían sido esparcidas en un arroyo cercano.

Opositores al gobierno en aquellas fechas nunca aceptaron esa hipótesis y aseguraban, sin pruebas a la mano, que se había tratado de un crimen fraguado desde el Estado, una frase ambigua indicativa de que un hecho fue realizado por indicaciones de funcionarios de alto nivel. Ellos juraban y casi gritaban, otra vez sin pruebas, que el entonces presidente, Enrique Peña Nieto era el culpable de esa desaparición. Juraban y aseguraban que el Ejército Mexicano había tenido algo que ver en la desaparición de los jóvenes. Pero nunca mostraron pruebas, simple y sencillamente porque eso era otra asquerosa mentira.

Ahora que son gobierno, han escarbado por todos los lugares que han podido hacerlo, en las oficinas públicas que están bajo su mando, y no han encontrado nada. Absolutamente nada que contradiga la hipótesis antes mencionada. Moraleja: el ahora presidente y todos los demás correligionarios suyos fueron irresponsables al hacer todas esas acusaciones sin pruebas. Fueron igualmente irresponsables al dar esperanzas a los padres de que iban a encontrar con vida a los 43.

Hoy, se encuentran frente a ese dilema. El próximo domingo se cumplen siete años de la multicitada desaparición y el actual gobierno federal no tenido la capacidad ni técnica, ni investigativa ni científica para cambiar la hipótesis dejada por Murillo Karam. No saben qué hacer. Han entrado en un camino sin salida. No hay nada nuevo qué decir a los deudos de los 43. Nada de lo que les prometieron era cierto. Era un engañoso discurso de campaña. Nada más.

Una nota del reportero Abel Miranda del diario El Sol de Acapulco, narró ayer que, durante una marcha, los padres de los estudiantes reiteraron que no desistirán en su lucha por encontrarlos y exigieron al gobierno de López Obrador que cumpla el compromiso de resolver el caso.

Los padres junto a estudiantes del plantel y miembros de organizaciones sociales, marcharon por calles de Chilpancingo y realizaron un mitin en el antimonumento a los 43 para exigir resultados contundentes que puedan determinar el paradero de los desaparecidos.

Afirmaron que han sido siete años de dolor y lágrimas, siete años en los que han venido sismos y pandemias, “y de nuestros hijos no sabemos nada”. Por eso no desistiremos en mantener esta lucha, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, indicó una de las oradoras que participó a nombre de los padres.

La mujer reconoció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido disposición de atender el tema. Pero nada concreto se ha logrado. Los muchachos no han sido encontrados y que eso es realmente lo que a ellos les interesa. Lo demás es puro discurso hueco.

La marcha se realizó en el marco de la semana conmemorativa del séptimo aniversario de la desaparición de los 43. Para este miércoles 22 de septiembre la agenda establece que realizarán un mitin en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia. En tanto que, los días siguientes habrá movilizaciones en Chilpancingo, Iguala, y la Ciudad de México.

La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes que se preparaban para ser maestros fueron desaparecidos sin dejar de ellos rastro alguno.

Los hechos sucedieron cuando un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, con la finalidad de secuestrar autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968.

Aunque la retención y el uso temporal de las unidades había sido habitual en Guerrero en aquellas fechas y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre de 2014 la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria.

Una investigación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez indica que policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses que ya habían secuestrado. Los acorralaron, los cercaron y los detuvieron cuando transitaban en cinco autobuses. Después, nada se supo de ellos. Solo la versión de la PGR. Siete años después y ya con un gobierno antagónico al sexenio de los sucesos, todo sigue igual.

Email: alexmoguels@hotmail.com