Acá entre nos
Alejandro Moguel
Incapaces de contribuir a cambios sustanciales
Los 500 diputados federales que dejaron sus cargos ayer 31 de agosto han pasado a la historia como políticos que no contribuyeron a cambios sustanciales para buscar un cambio de régimen o para el inicio de una transformación nacional.
Fueron incapaces de imponer sus criterios frente a las controvertidas iniciativas presidenciales y tampoco demostraron fuerza e inteligencia para argumentar frente a los ciudadanos sus opiniones.
Salvo algunos aspectos que pueden considerarse positivos, dicha cámara siguió sirviendo de tapete a la imagen presidencial y en nada contribuyó para servir de contrapeso al Poder Ejecutivo Federal, según se desprende del reporte de Integralia, una agrupación dirigida por el ex presidente del IFE Luis Carlos Ugalde, cuya información es obtenida de fuentes oficiales.
Ese ejercicio inició desde 2011 con la intención de generar indicadores de desempeño del Congreso y contribuir a fortalecer la rendición de cuentas. Apenas el 30 de agosto, hace dos días, publicó un resumen ejecutivo del desempeño de la sexagésima cuarta legislatura federal que terminó funciones ayer.
“Hubo retrocesos en temas como la militarización de la agenda de seguridad y el carácter punitivo de la justicia. En política social los cambios apoyan el bienestar de segmentos vulnerables, pero no atacan las causas estructurales de la pobreza”, apunta.
De igual manera, esa legislatura tiene un récord histórico de reformas legislativas impugnadas ante el Poder Judicial, una señal clara de que los textos legislativos fueron mal hechos, por ignorancia de los diputados o por la deliberada intención de lanzarlas al ruedo para ver si era chicle y pegaba, sin importar que estuvieran violentando la Constitución General de la República.
Un dato revelador del mal desempeño de esos diputados federales es, por ejemplo, que entre septiembre de 2018 y julio de 2021 se promovieron 32 demandas de inconstitucionalidad, 18 de controversia constitucional y cientos, sino es que miles, de amparos contra decretos expedidos por ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Sin embargo, en el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto solamente se promovieron 12 demandas de inconstitucionalidad y no hubo controversias. Opina Integralia que ese incremento, observado en la pasada legislatura, refleja descuido y desinterés respecto a la constitucionalidad y legalidad de las reformas aprobadas.
Los hallazgos concretos de ese análisis son: ha habido falta de profesionalismo e independencia entre sus integrantes, la preponderancia de Morena disminuyó la deliberación pues terminaron aprobando las iniciativas del presidente “sin cambiarles ni una sola coma” y la oposición careció de unidad y liderazgo.
Disminuyó su presupuesto, pero prevalece la opacidad, redujo el número de comisiones legislativas, pero se mantiene el mal desempeño de los diputados. Esos fueron algunos de sus hallazgos.
“El principal problema histórico del Congreso mexicano ha sido la falta de profesionalismo e independencia para ejercer un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo. Los mayores controles esporádicos e intermitentes del Congreso que surgieron en 1997 cuando el PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados se han erosionado con la nueva hegemonía de Morena. El problema se agudizó cuando se trataba de iniciativas del presidente: prevaleció la consigna de no cambiar “ni siquiera una coma”, señala en su introducción el referido reporte, publicado en su portal de internet.
El informe confirma lo que todo mundo sabe: los diputados son agachones, son incapaces de ofrecer resistencia al poder presidencial y para argumentar ante la opinión pública sus puntos de vista. Es más, en un acto ruin y miserable, algunos legisladores de oposición se sumaron a las filas de Morena para sacar adelante reformas controvertidas, sin haberles importado tampoco que los ciudadanos los habían elegido a ellos como una opción distinta a la ofrecida por 4T.
Algunos aspectos parecieran ser buenos, pero no lo son. Por ejemplo, redujo su presupuesto anual en un 14% en términos reales. Sin embargo, prevalece la opacidad en el uso de las asignaciones a grupos parlamentarios de una partida discrecional, casi secreta que se ha usado y se sigue usando para la cooptación, el clientelismo e, incluso, para el enriquecimiento personal de algunos legisladores. La Auditoría Superior de la Federación no tiene acceso a la documentación probatoria, afirma el estudio.
De igual manera, redujo de 120 a 92 las comisiones legislativas en ambas cámaras, la mayoría de las cuales incumple con sus obligaciones legales y reglamentarias y carecen de la experiencia técnica para solventar su trabajo de dictaminarían de forma oportuna.
Asimismo, el Congreso incumplió con 46 obligaciones transitorias para expedir legislación secundaria o armonizar leyes vinculadas a reformas constitucionales y legales. En todos esos casos el plazo está vencido por indiferencia o incapacidad para cumplir con mandatos que el mismo Congreso impuso, lo cual es traducido por Integralia como una omisión legislativa. De igual manera, señala la distorsión en la representación: sobrerrepresentación y transfuguismo.
Observa que la escasa experiencia legislativa ha sido uno de los problemas históricos del Congreso mexicano que se agudizó en esta legislatura debido al perfil de los candidatos de Morena, algunos de ellos surgidos de una tómbola. Sólo 29 de los 256 diputados de Morena contaban con experiencia legislativa previa, entre otros aspectos.
El reporte de Integralia admite, sin embargo, algunos aspectos positivos avalados por la legislatura federal que se ha ido desde ayer: la aprobación del T-MEC, la reforma laboral, diversas iniciativas en materia de paridad de género como el Sistema Nacional de Cuidados y de Paridad en Todo, así como la legislación para erradicar las empresas “fachada”. En síntesis, en general los diputados federales fueron incapaces de contribuir, con sus actos, a cambios fundamentales al país.
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