La creación de un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil viola principios constitucionales básicos: COPARMEX CDMX

*La propia experiencia mexicana muestra cómo un registro de esta naturaleza, no sirve para combatir la inseguridad y genera nuevas amenazas para la ciudadanía

*Desde el Centro Empresarial de la Ciudad de México hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que revise con cuidado el proyecto y sus implicaciones antes de publicarlo en el Diario Oficial

*ONGs advierten que padrón de telefonía atenta contra la privacidad de usuarios

Ciudad de México, 14 de abril de 2021.-  La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para recrear el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, aprobada la tarde de ayer en el Senado de la República es para los integrantes de la COPARMEX CDMX una señal de riesgo que enfrentan los valores democráticos del país, representa una amenaza a los datos personales de la ciudadanía y viola diversos preceptos constitucionales.

Armando Zúñiga Salinas, presidente de COPARMEX CDMX, dijo que preocupa que el Registro de Usuarios aprobado ayer repite los errores cometidos en regulaciones previas con las mismas características, las cuales lejos de combatir la inseguridad y la extorsión telefónica, generaron más riesgos para la ciudanía y derivaron en el aumento de esos y otros delitos nuevos derivados de las disposiciones del Registro.

En COPARMEX CDMX lamentamos que la mayoría de las y los senadores desatendieran las razones técnicas, jurídicas y económicas expuestas por los especialistas y sus compañeros legisladores, quienes han señalado reiteradamente que el Registro de Usuarios de Telefonía en los términos en los que fue planteado viola los derechos humanos de los usuarios.

Viola el principio de presunción de inocencia al asumir que la persona responsable de una línea registrada, automáticamente será responsable por cualquier delito asociado a un número que podría ser utilizado por cualquier persona.

La creación de un registro cuyo manejo será altamente sensible por la naturaleza de los datos biométricos que contendrá, cualquier filtración o acceso no autorizado representaría una seria violación a la privacidad de la ciudadanía de forma irreversible y que podría poner en riesgo incluso su patrimonio por ser información que se utiliza para proteger su acceso a cuentas bancarias y sistemas financieros.

Limita el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, al limitar su capacidad de comunicarse por tratase de una política orientada al control y vigilancia de la población.

Incrementa la brecha digital y limita el acceso a la comunicación de grupos vulnerables y marginados, al imponer nuevas barreras al acceso de líneas telefónicas y ordenar la cancelación de las líneas cuyos usuarios no se registren.

Atenta contra el mandato constitucional de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandato escrito de una autoridad competente, y representa una violación al mandato de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Comunicaciones que obliga a los operadores de telecomunicaciones a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia y proporcionar diversa información de los usuarios de telecomunicaciones, previo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.

Viola la irretroactividad de la Ley, sancionando a usuarios a acatar normas que no estaban vigentes en la fecha de la contratación de su servicio bajo la pena de cancelar su línea telefónica.

La adopción de este tipo de medidas, no son dignas de un gobierno democrático y plural, y sólo pueden ser interpretadas como una nueva señal del riesgo que enfrentan los valores democráticos en nuestro país.

En COPARMEX CDMX estamos convencidos que México necesita medidas efectivas e inteligentes para combatir la inseguridad que afecta a toda la ciudadanía. Este Registro no es un ejemplo de éstas y pone en riesgo la privacidad y el patrimonio mismo de los ciudadanos.

Desde el Centro Empresarial de la Ciudad de México hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que revise con cuidado el proyecto y sus implicaciones antes de publicarlo en el Diario Oficial.

ONGs advierten que padrón de telefonía atenta contra la privacidad de usuarios

Organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3Dmx) condenaron la aprobación en el Senado de la República para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, al considerar que es violatorio a la privacidad y no previene delitos.

En sus respectivas cuentas de Twitter, las organizaciones recordaron que durante el gobierno de Felipe Calderón se creó un registro con similares argumentos, que fue vendido al mercado negro de datos personales.

Al señalar que “incidentes pasados de filtraciones, abuso y mal uso de datos -por parte del gobierno- evidencian el gran riesgo” para la privacidad y seguridad de los usuarios de la telefonía celular, Artículo 19 puntualizó que registrarse en el padrón no previene el crimen.

Para la organización, el registro facilitará que se culpe a usuarios de delitos que no cometieron, así como que sus datos “terminen en manos equivocadas (como ya ha sucedido) y que las autoridades abusen de tu información personal”.

R3Dmx llamó al Senado mexicano, al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a “preparar acciones de inconstitucionalidad contra el Padrón”.

La R3Dmx advirtió que de ser avalado el padrón por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la sociedad civil promoverá “las acciones legales correspondientes para desafiar el Padrón”, al considerar que la reforma legislativa “representa una clara violación a los derechos humanos”.

Desde que se dio a conocer la iniciativa, la R3Dmx alertó sobre los riesgos a la privacidad y seguridad que acarrea la obligatoriedad de asociar el número de teléfono móvil con la identidad biométrica del usuario.

El 25 de marzo, la organización resaltó que el Padrón “es una nueva versión del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), un programa fallido creado en 2008 por Felipe Calderón y eliminado en 2011 después de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro”.

Apuntó que hay antecedentes de que en 2011 “la base de datos el RENAUT, con millones de registros de usuarios de telefonía móvil, se vendía en el mercado negro en 200 pesos”.

Al destacar que datos biométricos como la huella digital, rostro o iris, “no son posibles de modificar o restituir”, la organización alertó que el Padrón aprobado por el Senado “pretende crear una base de datos biométricos masiva y centralizada, susceptible de filtraciones y ataques informáticos”.

Previo a la aprobación en el Senado, la R3Dmx resaltó que, de acuerdo a la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía, “no hay evidencia de que el registro de tarjetas SIM prevenga el crimen”.

Recordó que mientras operó el RENAUT, entre 2008 y 2011 “los delitos de extorsión y secuestro repuntaron en 40 y 8 por ciento, respectivamente”.

Advirtió que “las redes criminales utilizan múltiples técnicas y mecanismos para evadir el uso de teléfonos asociados a su identidad, por lo que es ingenuo creer que el Padrón ayudará a combatir la delincuencia”.

La R3Dmx agregó que el Padrón aprobado es “fácilmente eludible mediante técnicas como la clonación y duplicación de tarjetas SIM, el uso de tarjetas SIM de otros países, los servicios de voz sobre IP (VoIP), el robo de teléfonos móviles, entre otros”.

Contrario a los argumentos de combatir la criminalidad, la reforma legislativa viola la presunción de inocencia, porque establece que, “salvo prueba de lo contrario, los actos jurídicos realizados desde una línea telefónica corresponden a la persona registrada”, lo que pone en riesgo a quienes hayan sido víctimas del robo de su equipo de telefonía celular, y que éste se utilizado para cometer algún delito.

En ese caso, agregó, una persona cuyo equipo de telefonía haya sido utilizado para cometer actos ilícitos, tendrá que acreditar que no fue responsable de los actos, lo que “implicará el desperdicio de tiempo y recursos para agotar líneas de investigación que no conducen a la persona que cometió el delito”.

La R3Dmx advirtió que, con el Padrón, el Senado está dando “facultades aún más invasivas” a las autoridades investigadoras que “ya cuentan con herramientas como acceder a la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil y acceso a datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones”.

Sin embargo, acotó, “se han documentado que las autoridades han abusado de estas capacidades, debido a la ausencia de controles democráticos para su uso”.

A todo ello se suma que organismos internacionales han advertido que “vincular la identidad de una persona a una SIM compromete su derecho a comunicarse de manera anónima y vulnera su privacidad”, en tanto que sólo en 17 países se exige vincular datos biométricos con la tarjeta SIM, entre ellos países como China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y Tayikistán. Con información de (apro)

Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2021