Opinión

Raúl Rodríguez Cortés

El malestar del Ejército llegó al despacho presidencial

Dicen algunos de los que participan en ellas habitualmente, que las cotidianas y tempraneras reuniones del gabinete de seguridad en el Palacio Nacional no son nada fáciles, pero que la del lunes 26 de octubre pasado se tornó ríspida.

Se había expuesto en la mesa el estado de malestar e insatisfacción prevaleciente entre las fuerzas armadas por la respuesta, tibia para muchos, que el gobierno de México había dado al de Estados Unidos, respecto a la forma en que la DEA investigó y detuvo al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

No se debatía sobre su culpabilidad o inocencia, lo que habrá de determinar con pruebas la Corte de Nueva York que lo acusa de vínculos con el narcotráfico, sino que las pesquisas, realizadas en México por agentes antinarcóticos estadounidenses, habrían violado nuestra soberanía y que no se informara de ellas ni de la pretendida detención de quien fuera el más alto jefe militar del país, conforme marcan acuerdos de cooperación aceptados por los dos países.

La detención del general Cienfuegos en Los Ángeles ocurrió, como se sabe, el pasado jueves 15 de octubre y la investigación de la DEA abarcó el periodo de diciembre de 2015 a febrero de 2017. Nada sabía México, según sus autoridades, de una pesquisa iniciada hacía cinco años.

AMLO había reaccionado al hecho en sus conferencias mañaneras del 16, 19 y 20 de octubre. Dijo haber sido notificado quince días antes de una investigación al extitular de la Sedena por la embajadora en Washington, Marta Bárcena, lo que se confrontó con la inverosímil versión de que el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea no haya dado señal alguna cuando visitó México el 26 de septiembre anterior.

En esas mañaneras, habló del caso siempre con cautela ante la cercanía de las elecciones presidenciales estadounidenses y cuidadoso de no trastocar los delicados equilibrios de la relación. Esa prudencia (¿o tibieza?) dejó en segundo plano declaraciones, también expuestas, de confianza en las Fuerzas Armadas y en los titulares de la Defensa y la Marina, de la necesidad de cuidarlas y defenderlas porque son “pilares del Estado mexicano” y de que, si Cienfuegos era culpable como caso aislado, no significaba que lo fuera toda la institución armada.

Y si bien se precipitó al señalar que serían suspendidos todos los militares que resultaran involucrados en el caso, también recordó que los pasados gobiernos estaban totalmente infiltrados por agencias extranjeras que, con su anuencia, decidían sobre seguridad y narcotráfico en flagrante violación de la soberanía nacional.

En esos procederes es donde radica el agravio y el desánimo que círculos militares confirman que prevalece entre las fuerzas armadas y que fue expuesto el lunes pasado en el gabinete de Seguridad, donde, se asegura, se definieron algunos de los pasos por tomar.

En la conferencia mañanera de ayer, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que ya se hizo saber al gobierno de Estados Unidos el descontento del de México por no compartir la información del caso Cienfuegos. Dijo que se lo planteó desde la semana pasada al embajador estadounidense en nuestro país, Christopher Landau y que también ya lo hizo mediante un documento.

Se trata, en efecto, de una nota diplomática que la Dirección General para América del Norte de la cancillería envió el miércoles pasado en la que se plantea el “profundo extrañamiento y descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país… lo que no va de acuerdo con la confianza y cooperación que ha caracterizado la relación entre ambos países”. Esta nota diplomática fue enviada a la embajada mexicana en Washington para que ésta la haga llegar al Departamento de Estado norteamericano.

Ebrard declaró ayer que después de las elecciones estadounidenses del martes próximo se valorarán y tomarán acciones subsecuentes. Una de ellas —según pudo conocer esta columna— será replantear los términos de la relación con la DEA.

Ésta, históricamente, ha sido más o menos fluida con la Marina. Con el Ejército ha sido mala y de hecho la evita, porque la agencia antinarcóticos actúa por la libre, en franca violación a un acuerdo del 2 de junio de 1992 que exige a sus agentes limitarse a ser enlace para intercambiar información, no realizar tareas reservadas a las autoridades de nuestro país y transmitirles, inmediatamente, cualquier información que obtengan en territorio nacional.

Nada de eso hicieron en el caso Cienfuegos.