Morena CDMX congela ‘ley Batres’ que planteaba no pagar rentas
Cd. de México, 17 de julio de 2020.- Martha Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, dio a conocer este viernes que la iniciativa para modificar el Código Civil sobre la Ley de Arrendamiento no se llevará a cabo, ya que no existen las condiciones por el momento.
En su cuenta de Twitter, la legisladora capitalina explicó que se requiere más tiempo para desarrollar un dictamen que “no vulnere los derechos de las partes en contratos de arrendamiento “.
“Vemos que es un tema polémico y queremos compartirles que no existen condiciones por el momento para llevar a cabo dicha modificaciones”, escribió Ávila.
A principios de julio, las diputadas de Morena por la Ciudad de México, Valentina Batres y Martha Ávila, presentaron una iniciativa de reformas al Código Civil que flexibiliza la posesión de la propiedad a los inquilinos y pone candados a los caseros, en medio de la pandemia del COVID-19.
En esta iniciativa, las legisladoras señalan que los inquilinos puedan exigir modificar el contrato de arrendamiento para cambiar las condiciones o hasta dejar de pagar ante la crisis por la epidemia.
“En caso de emergencia, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural, así como cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento”, propone en su artículo 2431 BIS.
Por otra parte, plantean que de no haber un contrato escrito en el caso de arrendamiento de vivienda, no se podrá hacer un desalojo aunque el inquilino haya incumplido con el pago de la renta, hasta que esta no sea pagada, entre otros puntos.
El miércoles, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México exhortó a una mayor discusión sobre estas modificaciones, ya que, dijeron, vulneran las garantías constitucionales, como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores, e implica una desaceleración del sector inmobiliario.
Con información de Víctor Chávez
El Financiero
