Gobierno mexicano el muro cómplice de Estados Unidos

• El 20 de diciembre de 2018, México aceptó Protocolo “Quédate en México” para recibir a solicitantes de asilo de Estados Unidos, en la frontera norte.
• Entre 418 reportes sobre secuestros en frontera norte de México, un 90% corresponden a personas que esperan para solicitar asilo en EUA o una vez que son devueltos a México a esperar la resolución de sus casos.

Ciudad de México.- Del 18 al 21 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos están llevando a cabo diversas acciones, en ambos países, para llamar la atención de los gobiernos sobre el impacto negativo del Protocolo “Quédate en México” (también conocido como Migration Protection Protocols –MPP y Remain in Mexico) que abre la puerta a la violación del derecho al asilo de las personas y evidencia la complicidad del gobierno mexicano para que el gobierno estadounidense cierre su sistema de asilo.

El 20 de diciembre de 2018, el gobierno mexicano aceptó el Protocolo “Quédate en México”, aunque señaló que era una imposición del gobierno estadounidense y que lo haría por humanidad, el 7 de junio de 2019 formalizó dicho Protocolo, y sus acciones están lejos de lo humanitario.

“Quédate en México” establece que todas las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, en la frontera con México, serán regresadas a territorio mexicano para esperar la resolución de su caso ante las cortes estadounidenses. La primera devolución se realizó el 29 de enero de 2019, de esa fecha al 15 de octubre se han regresado a 51,407 personas, principalmente por Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo, Tijuana y Mexicali, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación.

Dichas personas no tienen la posibilidad real de acceder al debido proceso y representación legal, y en consecuencia ganar sus casos. En 10 meses, de las 51,407 solicitudes realizadas, solo se han ganado 3 casos, lo que evidencia el objetivo de dicho Protocolo, impedir el asilo en Estados Unidos, del cual el gobierno mexicano es cómplice. Desde 2017, el gobierno estadounidense ha tomado diversas medidas para impedir la migración y el asilo en su país.

Entre las personas devueltas hay familias y población en condiciones extremas de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, aún si parte del acuerdo entre ambos países era la no devolución de este grupo poblacional.

A ello se suman las condiciones de inseguridad a lo largo de la frontera norte de México que deja en la indefensión a la población solicitante de asilo en Estados Unidos que ha sido devuelta a México bajo el Protocolo “Quédate en México”. Tan solo en Tamaulipas, por donde se han devuelto a 12,980 personas, el gobierno estadounidense ha emitido alertas a sus ciudadanos evidenciando el nivel de violencia que ahí ocurre, sin que esto sea un impedimento para regresar a población en condiciones de vulnerabilidad que necesitan protección internacional.

De acuerdo con un monitoreo en línea de 70 publicaciones que reportaban el secuestro de solicitantes de protección internacional en la frontera norte de México, realizado entre septiembre y octubre de 2019, se registraron 418 reportes.

Tamaulipas, Baja California y Chihuahua fueron los estados donde mayor número de secuestros se registraron; central de autobuses, saliendo de los módulos del Instituto Nacional de Migración y a la salida de albergues son los lugares donde se registró el mayor número de secuestros; siendo el crimen organizado y la policía federal los principales perpetradores. 13% del total de los 418 reportes pertenecen a mujeres, quienes también sufrieron abusos sexuales; 50 son menores de edad; y 38 familias.

Las personas huyendo de la violencia, y otras formas de persecución, tienen el derecho de solicitar asilo en el lugar donde se sientan más seguras, por lo que los gobiernos, tanto de México como de Estados Unidos, deberían invertir en fortalecer sus sistemas de asilo y no en obstaculizar los derechos de las personas. En México, el gobierno debería mejorar su capacidad de protección, con mayor presupuesto para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no en la Guardia Nacional para apoyar a EUA con su programa de disuasión. Además, al participar, México viola garantías de debido proceso, el deber de proteger a solicitantes de asilo y la garantía de no devolución.

IMUMI